Las economías criminales, en sus múltiples formas, están devastando los ecosistemas que sostienen la vida y el bienestar de nuestras ciudades. La minería ilegal, la industria del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de especies y el comercio ilícito de residuos peligrosos están destruyendo nuestros bosques, contaminando ríos y mares, y poniendo en peligro la biodiversidad. Estas actividades no respetan fronteras ni leyes.
Las autoridades locales desempeñan un papel clave como primeros respondientes ante esta problemática. Aunque las políticas para combatir estos delitos suelen ser competencia nacional, es esencial fortalecer la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar que las medidas implementadas respondan a las realidades específicas de cada territorio. A nivel internacional, también es fundamental crear espacios donde las autoridades locales puedan compartir sus experiencias y contribuir a soluciones globales.
Las administraciones locales tienen un potencial invaluable para liderar la implementación de soluciones adaptadas a sus territorios, aprovechando su conocimiento directo de las necesidades de la comunidad. Aunque aún no existen plataformas dedicadas a apoyar esta labor, el desarrollo de redes colaborativas entre ciudades y gobiernos locales permitirá compartir lecciones, mejorar capacidades y coordinar acciones efectivas frente a economías criminales como la minería ilegal.
Ante este desafío, esta iniciativa lanzará una serie de acciones que no solo pondrán en el centro de la agenda global la crisis provocada por las economías ilegales y su impacto en el medio ambiente, sino que también promoverán acciones transformadoras que unirán a actores de todos los sectores, impulsando soluciones reales y sostenibles para proteger el planeta del daño devastador causado por estas economías.
Visibilizar y posicionar en las agendas nacionales e internacionales el impacto devastador que las economías ilegales generan en el medio ambiente, impulsando una respuesta coordinada y urgente como un actor clave.
Contribuir activamente a la creación de políticas públicas efectivas y sostenibles que aborden de manera integral los desafíos de la protección de la biodiversidad y la preservación de los ecosistemas, garantizando soluciones a largo plazo.
Fomentar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas con los miembros de la Coalición, promoviendo el fortalecimiento institucional para enfrentar los retos medioambientales derivados de las economías ilegales.
Diseñar de manera conjunta iniciativas innovadoras que combinen esfuerzos locales y globales en la lucha contra las economías ilegales, contribuyendo a la conservación efectiva de la biodiversidad.
Impulsar proyectos para mejorar la toma y análisis de datos sobre cómo las economías criminales afectan el medio ambiente, con el fin de generar información precisa y confiable que guíe la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas efectivas.
Ser la voz en la defensa del planeta, apoyando y promoviendo iniciativas que reconozcan y respeten la reconciliación y convivencia sostenible con la naturaleza, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
El presente compromiso es únicamente una manifestación de interés no vinculante por parte de las personas o entidades que lo suscriben. Este documento no crea obligaciones legales, contractuales o de cualquier otra índole, ni para los firmantes ni para la Coalición organizadora o cualquier otra parte relacionada. Al adherirse a este compromiso, las partes expresan su intención de apoyar y contribuir de buena fe a los objetivos señalados, pero no existe compromiso legal alguno de cumplir con acciones o resultados específicos derivados del mismo. Cualquier compromiso vinculante deberá ser formalizado mediante los acuerdos o contratos correspondientes, si así se decidiera en el futuro. La aceptación formal como integrante de la Coalición será definida en el marco de esta bajo la gobernanza definida.
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